Fuente:  lavozdegalicia.es

PABLO GONZÁLEZ - REDACCIÓN / LA VOZ

El fabricante alega que la operadora forzó cambios en el diseño dos años después de firmar el contrato y que le redujeron a la mitad las horas de pruebas

Tren Avril

Tren Avril Talgo

Renfe y Talgo se necesitan mutuamente y no se entiende el desarrollo de la alta velocidad en España sin su estrecha colaboración. Pero el retraso en la entrega de los trenes de muy alta velocidad Avril, que deberían estar circulando en Galicia este verano, han propiciado un enfrentamiento entre ambos que no tiene precedentes. Si previamente Renfe acusó al fabricante ferroviario de incumplir los compromisos de un contrato que se remonta al 2017, hasta el punto de preparar una demanda de 116 millones, ahora es Talgo la que responsabiliza a la operadora y a otros organismos públicos como el ADIF de los retrasos, en los que también tuvieron que ver los efectos de la pandemia.

En una carta a la que ha tenido acceso La Voz dirigida al presidente de Renfe, Isaías Táboas, el presidente Talgo, Carlos Palacio Oriol, recrimina a la compañía pública el daño reputacional que ha supuesto para el fabricante la polémica por la entrega de los trenes Avril, por lo que cree necesario aclarar las razones de la demora, «cuestiones que considero que no se han comunicado correctamente o bien por desconocimiento o bien con afán de eludir responsabilidades propias». La carta también ha sido remitida a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, y a Gobiernos autonómicos como el gallego, «que pueden haber llegado a conclusiones erróneas por una información cuando menos incorrecta».

Palacio Oriol resume en cuatro las causas del retraso: los cambios en el diseño de los trenes solicitados por Renfe dos años después de la firma del contrato definitivo, en junio del 2017, en el que se incluían otras 15 unidades de ancho variable que son las que pueden circular por toda la red gallega y llegar a las ciudades del eje atlántico; la paralización de la actividad debida a las restricciones por la pandemia del covid-19, que condicionó el trabajo de los proveedores; la reducción en más de un 50 % de las horas necesarias para poder hacer las pruebas de los nuevos trenes, cuestión que atribuyen al ADIF, y más restricciones en el proceso de homologación que, según el presidente de Talgo, fueron responsabilidad de Renfe. La Voz se puso en contacto con el fabricante para aclarar estos extremos, pero fuentes de la compañía declinaron hacer declaraciones, al tiempo que aseguraron que el contenido de la carta era confidencial.

Los cambios de diseño solicitados por Renfe propician la firma de un nuevo contrato el 10 de octubre del 2019, fijándose la entrega del primer tren en enero del 2021. «Pero, ¿quién pensaba que en medio tendríamos una pandemia y el cierre de numerosas empresas proveedores estratégicos de este proyecto?», reflexiona Carlos Palacio Oriol en la carta remitida a distintas instituciones.

El presidente de Talgo da mucha relevancia al período de inactividad motivado por las restricciones de la pandemia, que causó el cierre de fábricas y grandes dificultades en la adquisición de suministros. «Esta declaración de fuerza mayor ha sido aceptada por los gobiernos y clientes de otros proyectos… excepto en España. Sinceramente, me parece una actuación de la que creo que nuestro Gobierno no debería ser la excepción internacional y menos aún hacer gala de ello con orgullo», alega Palacio Oriol en su misiva.

Disponibilidad de vías

El presidente de Talgo incide en que en los pliegos del contrato estaban estipuladas 40 horas a la semana para las pruebas dinámicas en vía. «Sin embargo, en el 2020, el ADIF publicó la revisión de la Declaración sobre la Red limitando dicha disponibilidad a hasta 15 horas/semana. Esto ha supuesto un daño irreparable en el trabajo de Talgo tal y como les indicamos en el 2020, y les advertimos de los retrasos por este motivo», alega el presidente de la empresa fabricante de trenes, que enumera otra serie de dificultades durante el proceso de pruebas que serían responsabilidad del ADIF. Así, refiere que a menudo no había disponibilidad de vía para los ensayos «debido a la priorización de otros asuntos», como trabajos de mantenimiento o la ejecución de pruebas de operadores privados dentro del proceso de liberalización de la red. También denuncia retrasos en la emisión de las consignas o autorizaciones para las pruebas.

Otras limitaciones en el proceso de homologación son, según Talgo, responsabilidad de Renfe, como la limitación de maquinistas para conducir los trenes o distintas incidencias en los talleres de mantenimiento de la compañía pública.

Informes periódicos

El presidente de la empresa fabricante defiende que Renfe fue informada periódicamente de todas estas dificultades desde principios del 2020. «Ha tardado dos años en contestar a nuestros argumentos y lo ha hecho de forma abrupta, negándose a escucharlos y sin justificación alguna», recrimina Palacio Oriol a la operadora ferroviaria. «Sinceramente pensamos que Renfe debería reconocer a Talgo el haber sido capaz de fabricar el tren de alta velocidad más versátil del mundo en uno de los momentos más difíciles. Esto se ajustaría más a la realidad», concluye la carta.

Fuentes del Ministerio de Transportes declinaron responder por el momento a las graves acusaciones realizadas por el presidente de Talgo respecto a la entrega de los trenes Avril.

La operadora reclama al fabricante una indemnización de 116 millones

 Renfe encargó en el 2017 a Talgo la fabricación de 30 trenes de muy alta velocidad, de los que 15 serían de ancho variable para circular por vías de ancho ibérico como las que hay en la red interior gallega. La inversión total ascendía a 786,5 millones de euros y la entrega de las primeras unidades estaba prevista para enero de 2021. El retraso en la entrega ha obligado a Renfe a redistribuir la flota existente y le impide aumentar la oferta en líneas de alta velocidad recién inauguradas, como la que une Madrid con Galicia, así como reducir los tiempos de viaje —una media de unos veinte minutos— en ciudades como Santiago, Vigo, A Coruña y Pontevedra. Todos estos factores han llevado a Renfe a plantear una reclamación de 116 millones de euros contra Talgo por los daños que le causan el «incumplimiento» de las condiciones del contrato. De momento se desconoce si la reclamación ya ha sido presentada en sede judicial. Está previsto que los trenes se entreguen en el primer cuatrimestre del 2023.