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El Gobierno ha decidido extender las ayudas pactadas con el sector del transporte por carretera al ámbito del tren. El Ejecutivo ha aprobado una ayuda directa de 15.000 euros para las empresas ferroviarias privadas de mercancías por cada locomotora diésel para compensar la subida del carburante. Así se recoge en el real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros para hacer frente a los efectos económicos y sociales de la guerra de Ucrania.

Además, el Ejecutivo obligará al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de su filial de Alta Velocidad (Adif-AV) a realizar una rebaja de hasta dos millones de euros mensuales en la factura de la luz que cobra a compañías como Acciona, Captrain, Continental, Ferrovial, Logitren, Medway, Transfesa o Transitia por el uso que hacen de la energía suministrada para alimentar a las máquinas de tracción eléctrica. Fuera quedan los nuevos operadores de viajeros (Ouigo Ilsa), así como la pública Renfe.

 

En la exposición de motivos, el Gobierno reconoce que el incremento de los costes asociados a la luz y el carburante «está perjudicando de forma significativa las cuentas de resultados de los operadores, tanto de viajeros como de mercancías».

La intención, prosigue el Ejecutivo, es que estas medidas «permitan continuar con el proceso de liberalización del sector ferroviario en un marco competitivo que no se vea distorsionado por ineficiencias en la estructura de costes de los distintos agentes implicados».

El importe total de las ayudas para las máquinas diésel asciende a 1,82 millones de euros, para un parque de unas 120 locomotoras. Será el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que dirige Raquel Sánchez quien se encargará de gestionar las subvenciones que en ningún caso podrán superar los 400.000 euros por compañía.

Respecto a las máquinas eléctricas, Adif-AV recibirá una compensación para sufragar una rebaja en el precio que se calculará entre el precio medio correspondiente al cierre del ejercicio 2021 y la media mensual registrada en cada mes del ejercicio 2022. La medida estará inicialmente en vigor hasta el próximo 30 de junio.

Desde la Asociación de Empresas de Empresas Ferroviarias Privadas aseguran haber recibido la medida como una «buena noticia». «El incremento del coste de la energía era algo dramático», comenta su presidente, Juan Diego Pedrero. A pesar de las dificultades para incluir la medida en el decreto por las resistencias de los ministerios económicos, finalmente el sector verá compensado el alza de costes que estaba poniendo contra las cuerdas sus cuentas de resultados.

El Ejecutivo argumenta en el real decreto que «un posible efecto expulsión del transporte ferroviario, ya sea de viajeros o de mercancías, como consecuencia del incremento de los costes de las empresas ferroviarias derivado del incremento del precio de la energía y los carburantes, implica por sí sólo graves dificultades en orden a la consecución de la sostenibilidad en la cadena de transporte y por tanto de la economía nacional en su conjunto, reduciendo la cuota actual de este modo de transporte e impidiendo alcanzar los objetivos planteados de cambio modal hacia el ferrocarril y, en consecuencia, dificultando la imprescindible descarbonización de la economía».